Autoras
Clara Patricia Castro Sánchez
Claudia Patricia Sierra Pardo
Profesoras del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia
Alisson Astrid Vargas Puerto
Estudiante del pregrado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia
Introducción
El contexto caracterizado por dinámicas complejas que rodean la defensa de los derechos humanos, presenta un escenario hostil que se extiende a numerosos territorios de Latinoamérica, donde las personas, colectivos, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos han sido perseguidas, agredidas, estigmatizadas y criminalizadas por su labor y liderazgo social y desafortunadamente lo siguen siendo actualmente, según uno de los más recientes informes de la Defensoría del Pueblo.[1]
Este panorama adverso se materializa de forma particular en distintos países de América Latina, pero conserva unos rasgos característicos comunes como: la agudización de la conflictividad y polarización social, la reconfiguración de disputas territoriales que buscan resolverse a través de la acción violenta, la expansión de economías ilegales que han robustecido grupos armados diversos y su capacidad de agredir a personas defensoras de derechos humanos, así como el favorecimiento de economías extractivas por parte de algunos gobiernos que terminan contribuyendo al recrudecimiento de la persecución y represión estatal.
Ante la complejidad de este contexto, cuando se trata de hacer frente a las agresiones dirigidas a las personas defensoras y sus organizaciones, resulta preocupante e insuficiente el tradicional enfoque de protección individual característico de las respuestas de las instituciones responsables, que pese a los avances normativos[2], aún tienen retos significativos por superar en materia de implementación.[3]
En medio de este panorama, múltiples colectivos y organizaciones étnicas, rurales, juveniles, de mujeres, de población con orientación sexual y de género diversa han liderado en Latinoamérica procesos de exigencia e incidencia política para que los Estados cumplan con la obligación de garantizar la protección al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la tierra, el territorio y la naturaleza.
En esta vía, la complejidad de los contextos marcados por la continuidad de diferentes tipos de violencia evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades de los colectivos para la exigencia del derecho a la protección y la cualificación de estrategias de prevención y autoprotección, orientadas a disminuir los niveles de riesgo y vulnerabilidad de las organizaciones en diferentes contextos, así como a salvaguardar su vida, integridad y libertad.
El reconocimiento de las condiciones particulares de cada territorio, del efecto que ha tenido la violencia y de los recursos con los que cuentan las organizaciones, expresados en formas de liderazgo, participación, prácticas culturales, entre otras, otorgan un marco de acción que orienta la construcción y el desarrollo de estrategias pedagógicas, psicosociales y culturales situadas, cuidadosas y coherentes con la realidad que vive cada colectivo.
En este marco, la dimensión pedagógica se constituye en uno de los componentes relevantes para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Con este escrito buscamos aportar al análisis de las posibilidades que brindan los procesos educativos con organizaciones y personas defensoras de DDHH en la exigencia de protección integral para el fortalecimiento de su labor y también en la superación de la estigmatización. Las reflexiones aquí presentadas se nutren de la experiencia de formación adelantada en el primer semestre del año 2023, con representantes de organizaciones de Perú, Honduras y Colombia.[4]
Hacia la construcción de miradas interdisciplinarias e integrales sobre la protección
Apostarle a la protección integral en la defensa de derechos humanos, implica que los colectivos, organizaciones y comunidades defensoras puedan ampliar sus repertorios de actuación de cara a la protección, en los que además de contemplar medidas individuales o personales, puedan incorporar otras relacionadas con las dimensiones colectiva/organizativa, comunitaria, familiar, social/estructural e incluso espiritual. En este sentido, la integralidad se materializa en la posibilidad de reconocer diversas dimensiones de la protección que permiten hacer frente a visiones homogeneizantes, occidentales, reduccionistas e individuales, las cuales no contemplan las características de los colectivos y las exigencias de los contextos en donde se ejerce la defensa de los Derechos Humanos.
A continuación, enunciamos brevemente las dimensiones asociadas a esta visión integral de la protección, las cuales pueden cualificarse a partir de procesos educativos que fomenten el intercambio de experiencias y el reconocimiento de los esfuerzos y trayectorias de las organizaciones para adelantar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en medio de situaciones adversas:
– Dimensión jurídica: Reconoce la protección como un derecho, desde una perspectiva crítica y desde abajo. Así, los derechos son construidos a partir del accionar del movimiento social, lo que evidencia la necesidad de ampliar la comprensión de la protección desde las particularidades de cada uno de los países latinoamericanos y fortalecer la exigibilidad de los Derechos Humanos.
– Dimensión Psicosocial: Permite identificar los impactos de la exposición al riesgo en las labores de defensa, a la vez que aporta y reconoce los mecanismos de afrontamiento de las organizaciones y comunidades defensoras. Quienes ejercen la labor de Derechos Humanos en contextos complejos son seres humanos, lo que nos exige identificar las resistencias que emprenden estos sujetos en sus escenarios de actuación, así como la potencialidad de los recursos con los que cuentan las organizaciones en donde los saberes culturales y espirituales adquieren un papel relevante.
El cuidado también hace parte de esta dimensión y plantea la necesidad de deconstruir imaginarios y lógicas sacrificiales que se reproducen en la defensa de los derechos humanos, desde las cuales se privilegian las necesidades y problemáticas de las poblaciones a las que se acompañan, sin reparar en las afectaciones y requerimientos de las personas que ejercen el acompañamiento.
– Dimensión política: Reconoce el papel activo de las organizaciones para actuar en medio de contextos complejos y los esfuerzos adelantados para incidir en la materialización de medidas que amplíen la comprensión de la protección.
– Dimensión cultural, de género, espiritual y territorial: La cual destaca las particularidades en la defensa de los derechos humanos y aporta a la construcción de visiones decoloniales, intersectoriales e interculturales, lo que a su vez contribuye a transitar de la tradicional concepción de la protección focalizada a una mirada integral.
Desde esta dimensión resulta indispensable vincular y abordar críticamente los enfoques de género, étnico y territorial. De un lado, estos enfoques nos permiten reconocer los riesgos diferenciados que afrontan mujeres defensoras, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, comunidades étnicas, y colectivos y organizaciones que realizan labores de defensa en contextos rurales y/o urbanos; a la vez que posibilitan que las mismas puedan identificar y desplegar sus capacidades, recursos y saberes propios, ancestrales y territoriales, para que las medidas y estrategias de autoprotección identificadas, respondan oportunamente al contexto en el que están inmersas.
– Dimensión digital: El panorama de interconexión global y la incorporación gradual de tecnologías digitales en el ámbito de la defensa de derechos humanos, suponen riesgos particulares a los que las personas defensoras se enfrentan en entornos digitales.
De acuerdo con la Fundación Karisma[5], las tendencias a nivel mundial y regional en adopción de tecnologías de vigilancia estatal representan una amenaza significativa para los derechos de privacidad, libertad de expresión, reunión e igualdad. Esta situación propicia perfilamientos de personas defensoras y repercute en su señalamiento y estigmatización. Además, las deficientes condiciones de conectividad en zonas rurales y la falta de capacitación en el uso de recursos digitales, puede limitar la participación e incidencia de los procesos de exigencia que lideran, por ello es indispensable la inclusión de prácticas de seguridad digital cuando hablamos de protección integral, a pesar de los considerables desafíos existentes.
– Dimensión pedagógica: Posibilita el reconocimiento de la diversidad de saberes y experiencias de las organizaciones defensoras de derechos humanos; de la multiplicidad de prácticas, concepciones, pedagogías y metodologías interdisciplinares y del necesario diálogo con elementos sociales, políticos, económicos y culturales de los distintos contextos.
Las metodologías participativas posibilitan un abordaje de las temáticas, en diálogo con los saberes propios de cada organización y con la experiencia subjetiva de las personas defensoras, facilitando la emergencia de preguntas, problematizaciones y el fortalecimiento de subjetividades críticas para que cada persona y colectivo desarrolle habilidades y capacidades para la prevención, la exigencia del derecho a la protección, el fortalecimiento de estrategias de autoprotección, y su materialización en planes que posibiliten la articulación entre las dimensiones colectiva/organizativa, comunitaria, familiar, social-estructural y espiritual.
Apuestas pedagógicas y educativas para la protección integral
Construir una comprensión integral de la protección es el propósito que con seguridad anima diversos procesos adelantados con personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en distintos países de Latinoamérica. Sin embargo, el recrudecimiento de la adversidad en los contextos regionales y nacionales lleva a preguntas y retos cada vez más complejos que enfatizan en las transformaciones tanto en la comprensión de la realidad de la cual se es parte, como en la acción sobre ella.
La pedagogía crítica popular Latinoamericana aporta al respecto un primer referente: solo puedes transformar aquello que eres capaz de leer compleja e integralmente. Lo anterior implica por ejemplo, identificar: ¿qué tipo de impactos han causado las condiciones del contexto nacional y regional en los colectivos, organizaciones y personas dedicadas a la defensa de derechos humanos?, ¿cómo identificar y analizar estos impactos desde la pluralidad de los enfoques de género, étnico, territorial y de interseccionalidad?, ¿cuáles estrategias resultan fundamentales para fortalecer las acciones de protección y autoprotección en contextos caracterizados por un continuum de violencias? o ¿cómo afrontar y desvertebrar las comprensiones que sostienen la estigmatización hacia defensoras y defensores de DDHH?
Los análisis complejos e integrales requieren tiempo y calma, es decir cierta forma de quietud mental y sensorial que suele activarse, paradójicamente, en procesos colectivos. Las iniciativas educativas dirigidas a personas defensoras de derechos humanos pueden generar espacios relevantes para la activación del pensamiento propio/colectivo/circular. Estos tres términos pueden pensarse como eslabones de una cadena: pensar por sí mismo o sí misma es fundamental para dar impulso a la reflexión colectiva y ésta siempre es circular porque parte de una reflexión personal (propia) para volver a ella de forma renovada a partir del encuentro con el análisis del otro o de la otra.
Cuando un proceso educativo logra este tipo de escenarios, surgen nuevas comprensiones que permiten identificar lo común de la estructura o formación social en la que nos encontramos y también aquellas ideas e imaginarios que sostienen lo que se quiere transformar. La dimensión pedagógica en las propuestas de protección integral requiere el uso de metodologías participativas que partan del diálogo y transiten poco a poco a la negociación cultural de la forma como se lee la realidad. Superar los determinismos y análisis parciales para dar cabida a la identificación precisa de formas de discriminación (de clase, géneros, étnico-raciales, generacionales, etc.) y de las estrategias que las reproducen.
De la calidad que se logre en el análisis crítico de la realidad, depende la contundencia de las propuestas y el alcance de las iniciativas de transformación. Esto tiene que ver con preguntas como: ¿Qué implica adelantar procesos de formación en estrategias de protección y autoprotección en contextos de continuidad de la violencia? ¿Qué habilidades deben fortalecerse en los colectivos para la labor de defensa de los Derechos Humanos? ¿Cuáles son las capacidades y recursos con los que cuentan las organizaciones para resistir a la continuidad de la violencia y hacer frente a sus impactos?
Un proceso de este tipo debería adelantarse tanto con defensoras y defensores de derechos humanos, como con las comunidades y personas a las cuales ellos y ellas acompañan. Mucho más si se identifica que actualmente la estigmatización de la defensa de DDHH está asociada a una distorsión en la comprensión de lo que son los derechos humanos y cómo se han consolidado como tales, fundamentada algunas veces en diversas expresiones de fundamentalismos que llegan incluso a convertir la creencia religiosa -cargada de códigos éticos para la acción- en una especie de látigo que se ensaña con quienes ejercen un compromiso en la defensa de derechos.
Es urgente identificar de forma colectiva los diversos argumentos o razones que sostienen la estigmatización y la violencia contra defensoras y defensores de DDHH. Quizás así sería posible ubicar argumentos y prácticas que generen desequilibrios cognitivos entre quienes juzgan de manera negativa esta labor, la consideran poco relevante o ni siquiera la valoran como necesaria socialmente.
Pero, los procesos educativos populares en este campo no se centran solamente en las personas y organizaciones. Aportan también a la acción colectiva amplia, vinculada en primera instancia con procesos de organización y movilización social orientados a la exigencia de garantías para la defensa de los derechos humanos, al desarrollo normativo e institucional que proteja y blinde la acción de personas defensoras de DDHH y a la presión social por la concreción jurídica de nuevas infraestructuras institucionales que avancen hacia el respeto y la garantía de los derechos humanos en su más amplia expresión, incluyendo también el goce efectivo de los DDHH como parte de este proceso. Y en segundo lugar, al cuestionamiento y propuesta de transformación en la propia acción institucional. Es decir, las propuestas educativas y pedagógicas para la protección integral a defensoras y defensores podrían contribuir también a la transformación de las instituciones y de las acciones de política pública en este ámbito.
Consideraciones finales
Además de la respuesta urgente de las instituciones a cargo de la protección y el valioso acompañamiento de las organizaciones sociales, se requiere un sólido compromiso con la construcción de paz y la transformación de las condiciones estructurales vinculadas con la generación y continuidad de las violencias, de las que resultan las vulneraciones de derechos humanos que las personas defensoras denuncian. Reconocemos esto como una demanda de trabajo equilibrado, en la que los escenarios de agudización de las violencias exigen respuestas inmediatas y oportunas, pero a la vez, la apuesta por la construcción de la paz requiere un trabajo continuo y de largo aliento.
Por último, creemos profundamente en la educación como proyecto ético y político con potencial emancipatorio y transformador, que nos permite leer críticamente y cuestionar las realidades sociales injustas, a la vez que nos llama a actuar para transformarlas. Por este motivo, queremos invitar a las diversas esferas de la sociedad, y en particular a las universidades, instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales, a sumar esfuerzos para crear y multiplicar procesos educativos situados, cuidadosos y comprometidos con la protección integral de las personas defensoras y de los liderazgos sociales.
[1] Defensoría del Pueblo. (2024) Informe anual homicidios a líderes sociales y defensores de DDHH. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/durante-el-2023-en-colombia-fueron-asesinados-181-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcomunicados
[2] Algunos referentes normativos en Colombia en materia de protección son el Decreto 660 de 2018, por el cual se crea el Programa Integral de Seguridad y Protección; y el Decreto 1581 de 2017, por el cual se crea el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida.
[3] Al respecto puede consultarse: Fundación Pares (2023) Gobierno anuncia rediseño del decreto 660 del 2018: ¿En qué consiste? Disponible en: https://www.pares.com.co/post/gobierno-anuncia-rediseño-del-decreto-660-del-2018-en-qué-consiste
[4] El Diplomado en gestión de servicios de apoyo a la prevención, de la exigibilidad de garantías y protección de defensores/as y líderes/as sociales con enfoque psicosocial y jurídico se desarrolló en el marco del Proyecto Juntando Fuerzas y Voces por la defensa de las libertades fundamentales y la democracia plena en América Latina. Ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, y la alianza entre el Programa Somos defensores, Diakonía, C-Libre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
[5] Fundación Karisma (2021) Organizaciones advierten riesgos de tecnologías de vigilancia en audiencia ante la CIDH. Disponible en:
