Colombia mantiene un agravamiento generalizado de la situación de derechos humanos que ha llevado a que las personas defensoras y lideresas (incluidos liderazgos indígenas, afrodescendientes y campesinos), periodistas y firmantes de paz en el ejercicio de su labor, enfrenten constantes riesgos que atentan contra su vida, integridad y seguridad. Entre 2010 y 2022, el registro de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos asciende a 5.361 amenazas y a 1.346 homicidios, como las más recurrentes1. Desde 2017 hasta junio de 2023 han sido agredidas 1.307 mujeres defensoras y lideresas2. También tenemos registro de 3.144 agresiones, entre las que se encuentran 1.063 amenazas y 12 asesinatos, a periodistas en este mismo periodo3. Entre 2016 y junio de 2023 han sido asesinadas 378 personas en proceso de reincorporación4.
A esto se suma, que el modelo de protección existente en el país no se adecúa a sus necesidades y hace que en muchas ocasiones la respuesta por parte de las autoridades competentes sea tardía, inadecuada o inexistente. Es por esto que, desde la creación de la Unidad Nacional de Protección en el año 20115, se han impulsado múltiples reformas, algunas de ellas sin concertación con la sociedad civil, que incluso han implicado retrocesos en los avances logrados a lo largo del tiempo.
La llegada al gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez se plantea como una ventana de oportunidad para que se reconozcan las particularidades de quienes defienden los derechos humanos, se amplíe el marco de la protección de sus derechos y posibilite la materialización de reformas estructurales que propendan por un modelo de protección integral que incorpore los enfoques diferenciales, étnico, territorial, feminista, de género e interseccional. En particular, el rol de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y la Dirección de la Unidad Nacional de Protección, junto con el que pueden cumplir parlamentarias y parlamentarios del Congreso colombiano, así como la comunidad internacional, serán cruciales para concretar los avances en esta materia en un corto y mediano plazo.
Es por lo anterior, que desde la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos CCEEU, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, la Corporación Sisma Mujer y el Programa Somos Defensores, asumimos de forma conjunta la realización del Foro: “Hacia una reflexión crítica del modelo de protección para personas defensoras de derechos humanos en Colombia”, los días 13 y 14 de julio en Bogotá. En este espacio hemos construido de forma colectiva y participativa con 35 organizaciones provenientes de distintos territorios y con la presencia de actores de la comunidad internacional, el presente llamamiento con el objetivo de trazar una hoja de ruta para la transformación del modelo de protección actual.
Para descargar el llamamiento completo visita el siguiente enlace: https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2023/07/Llamamiento-sobre-el-modelo-de-proteccion-en-Colombia-2.pdf
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1 Sistema de Información sobre Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH, histórico.
2 SIADDHH. Cifras de 2017 – 2022. Recuperado el 13 de julio de 2023.
3 Datos de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP.
4 Información proporcionada por firmantes del Acuerdo Final de Paz- Mesa Técnica de Seguridad y Protección; de forma adicional, contabilizan 12 homicidios de firmantes del Acuerdo Final de Paz, que no son considerados por el Gobierno nacional.
5 República de Colombia. Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011 “Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura.”
